Libertad de, libertad para…

«La resistencia contra la explotación demuestra que

 la democracia no forma parte del capitalismo.

Salvo que optemos por corromper el concepto.

Neoliberalismo y democracia tampoco

se complementan.» 

Marcos Roitman*

 

«No hay nada que esperar de la democracia

dentro de la camisa de fuerza del capitalismo.» 

Atilio Boron**

 

 

Los derechos humanos son derechos de ciudadanía. La ciudadanía implica el derecho a tener derechos, pero también el cumplimiento de obligaciones en virtud de nuestra pertenencia a una comunidad política basada en el derecho. Los derechos de ciudadanía sólo lo son, sí son universales (de no ser así se trata de privilegios). Son el resultado de las luchas sociales a favor de la igualdad, la dignidad, en contra de la opresión, de la exclusión y de la explotación. Los derechos de ciudadanía no son concesiones dadivosas otorgadas por los poderosos, sino conquistas sociales obtenidas gracias a incontables luchas y movilizaciones no pocas veces ahogadas en sangre y fuego. La expansión de ciudadanía democratizala democracia. La ausencia de ciudadanía advierte sobre la inexistencia de la democracia. Ciudadanía y democracia son indisociables.

Cuando hablamos de derechos de ciudadanía, generalmente recordamos a Thomas Marshall,[1] para quien la ciudanía se componía de tres dimensiones: civil,  política y social. La civil engloba a un conjunto de derechos necesarios para asegurar la libertad personal, tales como la libertad de expresión, de pensamiento, de tránsito, de creencia, el derecho a la propiedad privada y, entre otros, a la justicia. La política relativa a aquellos derechos que garantizan participar en el uso del poder político, sea como elector o como miembro de una asociación política. La social que abarca derechos necesarios para garantizar el bienestar, tales como educación, trabajo, vivienda, salud, etc.

Aunque la clasificación marshalliana puede resultar restrictiva (por no considerar otro grupo de derechos vinculados a distintas dimensiones como la comunitaria, cultural, ambiental o planetaria), por lo pronto nos basta para tratar de entender cuál ha sido el derrotero que los derechos de ciudadanía han tenido en nuestro país en el marco de un modelo económico que, para ser exitoso, requiere ampliar los márgenes de exclusión; es decir, atropellar y desconocer, sea por vías legales o ilegales, los derechos de ciudadanía conquistados a lo largo de casi 200 años de habernos constituido como república. Antes de continuar, cabe recordar que la palabra inclusión es el mejor sinónimo del vocablo democracia.

Entre “vivir en democracia” (según nos cuentan) y la exclusión existente y creciente a la que hemos llegado (no contada, pero sí vivida por millones de mexicanos), existe una paradoja: ¿cómo es que vivimos en una democracia excluyente?

Aunque dicha contradicción parezca irresoluble, hay una solución. El truco consiste en depravar el vocablo democracia: ésta se reduce a un mecanismo meramente procedimental (la elección de los representantes políticos), así a la ciudadanía se le despoja de toda su esencia. De esta forma, la trampa - tan socorrida por los intelectuales conservadores quienes nos dicen qué debemos entender por democracia - se convierte en un escudo que justifica el orden neoliberal y la consecuente pérdida de derechos de ciudadanía, sobre todo los sociales.

Baste un ejemplo: a diferencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo tercero considera a la democracia “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, el IFE/INE, contraviniendo lo anterior, nos advierte sobre los errores en que muchos solemos incurrir. Nos dice: “En general, los mexicanos tienden a relacionar la democracia con funciones fuera de ésta, como el desarrollo económico o el combate a la pobreza”[2]. Incluso cuando la máxima autoridad electoral de este país nos habla de la visión maximalista de ciudadanía (o marshaliana, de acuerdo a Alberto Aziz y Jorge Alonso[3]), omite cualquier referencia a los derechos de ciudadanía social (ver cuadro 1.1. del citado trabajo).

El cuento consiste en convertir al modelo económico capitalista neoliberal en una variable independiente de la democracia. Así se salvaguarda el orden de dominación que poco tiene de democrático.

Sin duda, desde principios de los años ochenta del siglo pasado los derechos de ciudadanía social han sido degradados. Ello hay que entenderlo dentro del marco de un modelo de acumulación basado en el despojo. La clase trabajadora ha perdido prácticamente todos los derechos laborales conquistados a lo largo del siglo XX, entre ellos, el derecho a una remuneración justa, a la jornada de trabajo de ocho horas, al pago de horas extras, a las prestaciones de ley, a contar con sindicatos que la defiendan, etc. Hoy el salario mínimo que se paga en México es el más bajo de la región (incluyendo a Haití) y éste ha perdido el 80% del poder adquisitivo que tenía en 1976. Lo que han dejado de percibir los trabajadores ha pasado a manos de los patrones. El estado mexicano ha reducido en forma drástica el gasto social, lo que ha tenido impactos negativos en el campo, en las instituciones de salud, educación, vivienda, sistema de pensiones, salarios de los burócratas, etc. Ha crecido la desigualdad, la pobreza, la clase media se ha adelgazado. La ofensiva del capital, con el aval del Estado, continúa avante.

¿Qué decir de los derechos políticos? ¿Quién se atreve hoy a decir que los procesos electorales para la elección de presidente de 1988, 2006 y 2012 fueron pulcros y ejemplares?

Hoy, los derechos civiles experimentan un fuerte acecho de parte de los defensores del orden de dominación, legal o ilegal, vigente. Nos dicen: “No debes protestar (regulemos las marchas), no debes pensar diferente (menos en las alternativas), no debes expresarte con libertad”.

El Estado, por su cuenta, tampoco cumple con una de sus principales responsabilidades: garantizar la justicia y la seguridad para todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que nuestro país es el sitio más peligroso para ejercer el periodismo en toda la región. No es casual que sea justo en los países con los gobiernos más derechosos donde más crímenes se cometen contra los periodistas (México, Honduras, Colombia, Guatemala, Perú y Paraguay; en ese orden).[4]

Mientras tanto, la impunidad vive tiempos esplendorosos. ¿Por qué será?

 

 

* Marcos Roitman. Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid: Sequitur, 2007, p. 9.

**  Atilio Boron. Socialismo del siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009, p. 48.

 

[1] Específicamente su obra Ciudadanía y clase social.

[2] IFE. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. 2014, p. 117.

[3] México, una democracia vulnerada. México: CIESAS y Porrúa, 2009.

[4] “CIDH: en México, uno de cada tres asesinatos de periodistas.” La Jornada, 3 de noviembre, 2015, p. 1.

Jorge Ceja Martínez

Hoy, los derechos civiles experimentan un fuerte acecho de parte de los defensores del orden de dominación, legal o ilegal, vigente. Nos dicen: “No debes protestar (regulemos las marchas), no debes pensar diferente (menos en las alternativas), no debes expresarte con libertad.

Jorge Ceja Martínez
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