Información: Libertad en entredicho.

 La calidad de una democracia se pondera, entre otros factores, por la libertad que sus miembros tienen para expresarse libremente. Ese margen de libertad es el parámetro con el que se evalúa la realidad de los sistemas políticos autodenominados democráticos. Y lo mismo vale para sopesar la consistencia de un Estado de derecho. Por eso, hablar de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del derecho a la información es un asunto que concierne al conjunto de la sociedad y no sólo al gremio profesional que ejerce las labores cotidianas del mundo de la comunicación. Nos concierne en la medida en que nos involucra a todos.

Como en tantas otras cuestiones, México demuestra carencias y rezagos significativos cuando de libertades informativas se trata. En la práctica somos una sociedad en donde la libertad de prensa, y por lo tanto el derecho de la ciudadanía a estar bien informada (consagrados en la Constitución), es socavada de manera sistemática por quienes ven en el ejercicio libre de la prensa y la expresión una amenaza a sus intereses.

En el concierto de las naciones resultamos poco favorecidos en cuanto a libertades comunicacionales y en consecuencia en cuanto a la calidad de la democracia que impera por estos lares. Organismos de la talla de Reporteros sin Fronteras, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, convergen a su apreciación sobre las amenazas que supone el ejercicio periodístico en México y sobre las contradicciones inherentes a un sistema político que se proclama democrático pero que, en la práctica, limita las expresiones críticas contra el mismo. No es de extrañar, por tanto, que de acuerdo con los resultados que arrojan los estudios del Latinobarómetro desde 1995 a la fecha, la sociedad de nuestro país sea las más desafecta de los conglomerados sociales de este continente con la democracia. Todo indica que en México la democracia sólo ha producido frustración y promesas incumplidas.

Cierto es que en todo el mundo el desencanto político con la democracia ha crecido con el paso del tiempo, y también que la libertad de prensa se ha estrechado en términos generales. Pero el caso mexicano es excepcional. Abrigado por las “potencias civilizadas” de América del Norte, el nuestro es un país que ha retrocedido en materia de libertades y respeto a los derechos humanos de forma escandalosa. De acuerdo con la evaluación mundial de la libertad de prensa llevada a cabo en 2015 por Reporteros sin Frontera señalaba que México, lugar 148 de clasificación en 2014 (año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa) se caracterizó por ser el país más mortífero del continente americano.

A las formas tradicionales de represión contra las voces críticas, en particular contra aquellas que operan en el mundo de los medios de comunicación, se han sumado las formas radicales. A la práctica de cancelar espacios y suspender a periodistas y analistas en la prensa de corte independiente (tal y como lo demostró el caso de Aristegui y colaboradores), se han sumado las amenazas contra medios y periodistas, y lo peor, el asesinato de los informadores. Frente a la ola de atentados la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que depende de la PGR, ha resultado poco menos que inútil. A principios del 2015, la Sociedad Interamericana de Prensa señalaba la incapacidad de dicha instancia para  responder a la violenta realidad que encara la prensa por la falta de apoyo económico y humano de la que ha sido objeto.

No es de sorprender, entonces, que en el concierto mundial nos ubiquemos entre los países de menor libertad e independencia. Un reciente análisis de la organización Freedom House nos colocaba en el sitio 152 de entre 204 países evaluados con relación a las libertades. Somos, por decir lo menos, mediocremente libres y el caso de la prensa es una evidencia que soporta tal hipótesis. Y frente a la violencia contra periodistas y medios de comunicación críticos e independientes, la postura gubernamental ha fluctuado entre la inmovilidad y una sospechosa complicidad. No en vano y de cara a la ascendente ola de atentados contra comunicadores en México, en agosto de 2015 se hizo pública una misiva signada por un grupo  de 500 connotados intelectuales de todo el mundo solicitando a las autoridades, en particular al presidente Peña Nieto, hacer efectiva la defensa de los periodistas e indagar con seriedad los atentados cometidos contra la prensa libre de México. La gota que derramó el vaso fue, sin duda, el asesinato del foto reportero veracruzano Rubén Espinoza, junto a cuatro mujeres, en el corazón de la capital del país.

En ese, como en la mayoría de los casos, la impunidad o falta de consecuencias ha sido la constante. Ni la administración del panista Calderón ni la del priísta Peña Nieto han podido, sabido o deseado esclarecer los hechos de violencia contra la prensa. Una violencia que se concentra de manera desproporcionada en los medios impresos de la llamada provincia mexicana. La televisión parece estar a salvo, pero sólo por el hecho de que su complicidad y complacencia con el poder establecido es incuestionable. Está probado además que el poder de la pantalla subordina en gran medida al de una clase política mediatizada. En contraste, la violencia ejercida contra la prensa independiente, mayoritariamente provinciana, nos ha convertido, al decir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el país con mayor número de asesinatos de periodistas en todo el continente Latinoamericano.

Pero más allá de tan patética realidad, no debería ignorarse que las amenazas contra la libre forma de expresarse son múltiples y se ajustan a las transformaciones comunicativas que se experimentan en el mundo contemporáneo. La revolución de las comunicaciones si bien ha abierto cauces novedosos a la participación social y ha fomentado el espontáneo periodismo ciudadano, también se ha sumado a  las tentaciones controladoras del poder establecido. Entre las líneas e ideas contenidas en la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones se ha deslizado la posibilidad de facilitar la injerencia legal de las autoridades en las prácticas comunicativas de los individuos. El sueño del big brother consagrado por la Constitución.

Al margen de misma legalidad hoy sabemos que las viejas prácticas de espionaje y supervisión llevadas a cabo por la autoridad, ya se han desplazado al mundo de la comunicación digital. Tal es una realidad en el mundo en general y nosotros no escapamos de ello. Pero lo peor del caso es que no son sólo los gobiernos, sino los poderes fácticos (como el crimen organizado o las corporaciones globales) los que hoy en día ven a las nuevas tecnologías de comunicación e información como instrumentos de control social.

Por todo ello, la libertad de información se ha convertido en un derecho que debe ser revalorado en las democracias contemporáneas. Un derecho que exige la participación de una ciudadanía consciente del significado que tiene la información para la cohabitación democrática.

 

 

 

 

 

«Pero más allá de tan patética realidad, no debería ignorarse que las amenazas contra la libre forma de expresarse son múltiples y se ajustan a las transformaciones comunicativas que se experimentan en el mundo contemporáneo.»

 

Pablo Arredondo Ramírez
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